La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre un presunto esquema de fraudes orquestado contra empresas, entre ellas Grupo Herdez, mediante juicios laborales con los que se buscaban pagos millonarios de indemnización reclamados por personas que jamás sostuvieron una relación contractual con dichas compañías. La dependencia busca establecer si detrás de estos casos existió una operación coordinada para utilizar demandas laborales como mecanismo de presión, así como determinar el grado de participación de quienes pudieron intervenir en su preparación y ejecución.

Uno de estos procesos se originó en 2007 en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía capitalina, cuya carpeta fue atraída por la FGR. En ese expediente consta el testimonio de Irene León Escamilla, quien declaró ante el Ministerio Público que el procedimiento habría sido impulsado desde el despacho de un abogado identificado como Humberto Cavazos Chena y presentado como un conflicto laboral que no correspondía a una relación de trabajo real entre el supuesto empleado y las empresas demandadas.

Según su testimonio, la estrategia consistía en incrementar los conceptos de presunta violación laboral y las cantidades reclamadas, con el fin de generar presión sobre las compañías y forzar un acuerdo económico. “Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”, declaró León Escamilla, quien aseguró haber confirmado personalmente el caso de un hombre que nunca laboró en la empresa que lo señalaba como extrabajador: Alfredo Jorge Colín Huerta, cuyo nombre figuraba entre los demandantes pese a no haber tenido vínculo alguno con las empresas morales involucradas.

La investigación ministerial incluye además referencias a acciones orientadas a conseguir el embargo de cuentas de Grupo Herdez, después de que la empresa se negara a atender las exigencias planteadas. “Salí del lugar y me fue ordenado se realizaran las gestiones para en ese momento embargar las cuentas del grupo”, señala la declaración citada en el expediente.

La autoridad federal deberá determinar, además, si los hechos configuran delitos relacionados con el uso de documentos apócrifos y la incorporación de información falsa dentro de un procedimiento judicial.