Martha Berra

En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, la Auditoria Superior de la Federación emitió observaciones por un presunto daño patrimonial de 43.2 millones de pesos, concentradas en tres de los nueve fondos revisados en el Gobierno del Estado de Puebla.

El contenido de las observaciones es el que cualquier lector de auditorías ha visto antes, (nóminas, salarios pagados a personas que ya habían fallecido, a trabajadores con licencia sin goce de sueldo, a empleados que ya habían sido dados de baja, a personal con inconsistencias de adscripción).

Que se siga pagando a quien ya no está en la plantilla es una falla de control, y no hay manera de maquillarla. Pero el tamaño importa. Solo el fondo de nómina educativa maneja decenas de miles de millones de pesos al año; en la auditoría de 2024, la ASF registró una asignación de más de 22 mil millones. Frente a esa escala, 43 millones son una fracción mínima.

Son observaciones y no sanciones firmes ya que el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 no concluye sino hasta febrero de 2027, y los pliegos de observaciones abren la puerta a que el gobierno aclare, compruebe o reintegre.

Ahí está la postura de la Secretaría de Finanzas que dice que las observaciones se atenderán dentro de los plazos de ley, aportando la documentación que permita solventarlas.

Tampoco hay que perder la proporción frente a otras entidades. Puebla no presenta los desfalcos de cientos de millones, ni las obras pagadas y nunca ejecutadas, que han marcado informes de la ASF en otros estados del país.

Que la falla sea menor no significa que sea inofensiva porque cada peso pagado a un fallecido, por ejemplo, es un peso que se pudo ocupar en otra cosa.

Así que Puebla pasó la revisión con observaciones. Lo que importa ahora es que, cuando llegue la siguiente, las observaciones ya estén solventadas y no incremente el número de las mismas.