El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa nuevos acuerdos de confidencialidad para empleados federales con el objetivo de frenar filtraciones de información a medios de comunicación, incluso después de que los funcionarios abandonen sus cargos.
Según reportes de medios estadounidenses, las medidas contemplan cláusulas más estrictas que limitarían la difusión de información interna relacionada con operaciones gubernamentales, decisiones políticas y conversaciones dentro de la administración federal.
Los acuerdos podrían aplicarse a trabajadores de diversas agencias del gobierno y permanecer vigentes aun tras concluir su relación laboral con el Estado, lo que ha generado debate entre especialistas legales, organizaciones civiles y defensores de la libertad de prensa.
Críticos de la propuesta señalan que estas restricciones podrían inhibir denuncias públicas sobre posibles irregularidades o abusos dentro del gobierno, además de generar presión sobre empleados y exempleados para evitar declaraciones a periodistas o investigadores.
Por su parte, aliados de Donald Trump sostienen que las medidas buscan reforzar la seguridad de la información oficial y evitar filtraciones que puedan afectar temas estratégicos o de seguridad nacional.
El tema ha provocado discusión en sectores políticos y jurídicos de Estados Unidos, especialmente sobre el alcance legal de estos acuerdos frente a derechos constitucionales como la libertad de expresión y la protección a denunciantes.
