La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede ordenar el bloqueo de cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, como parte de sus facultades para combatir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilícitas.
De acuerdo con el fallo, esta medida es válida cuando se trata de cumplir compromisos internacionales asumidos por México en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para atender solicitudes de organismos extranjeros.
La Corte determinó que el congelamiento de cuentas no constituye una confiscación definitiva, sino una acción precautoria, por lo que no vulnera de manera automática los derechos de los usuarios del sistema financiero. Sin embargo, subrayó que las personas afectadas tienen derecho a impugnar la medida mediante los recursos legales correspondientes.
La resolución ha generado posturas encontradas. Por un lado, autoridades destacan que fortalece las herramientas del Estado para combatir delitos financieros; por otro, especialistas advierten sobre posibles riesgos de abusos o afectaciones a la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Este fallo marca un precedente relevante en el equilibrio entre seguridad financiera y protección de derechos fundamentales en México.
