La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de la apodada “Ley Antimemes”. Diversas organizaciones advirtieron que esta legislación podría utilizarse para censurar, debido a la falta de claridad en su redacción, aunque el gobierno niega que esa sea su intención.
Las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el sábado 13 de noviembre. Con ello entró en vigor su aplicación. El gobierno federal y los legisladores del partido en el poder sostuvieron que las adiciones permitirán combatir y castigar los fraudes que utilicen logotipos y documentos oficiales.
Entre los cambios más importantes destaca el endurecimiento de las sanciones por delitos contra la propiedad intelectual, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 1.17 millones de pesos. De acuerdo con el senador Javier Corral, durante la discusión en la comisión del Senado, la ley busca vigilar las comunicaciones, plataformas, documentos o sistemas informáticos que simulen ser oficiales y engañen a las personas con fines ilícitos.
Sin embargo, la redacción del artículo 403-Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial generó preocupación entre organizaciones civiles. Señalaron su ambigüedad y advirtieron que abre la puerta a interpretaciones que podrían usarse contra periodistas y creadores de contenido. Ese apartado establece que una persona comete el delito cuando “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial (…) para inducir al error o engaño”.
Daniela Carrasco, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, explicó que la redacción es demasiado amplia y que existe el riesgo de que afecte expresiones como la sátira, la parodia o la crítica a través de imágenes que se volvieron parte de la comunicación en el mundo digital.
Por su parte, los senadores de oposición señalaron que las personas que elaboren un meme o una parodia sobre funcionarios públicos o sobre el gobierno de Morena podrían ir a la cárcel. También calificaron la “Ley Antimemes” como un acto de censura contra quienes critican e incomodan al oficialismo.
En plataformas digitales han aumentado las grabaciones que usan tecnología deepfake para cometer fraudes mediante llamados a invertir en falsas oportunidades. Además, los sitios oficiales para realizar trámites, como la solicitud de citas y el pago del pasaporte, son duplicados para robar los datos personales de los usuarios.