Miles de personas salieron a las calles de España para exigir mayor protección para los inquilinos, un día después de que el gobierno no lograra aprobar en el parlamento su legislación de emergencia en materia de vivienda. El sábado se realizaron alrededor de 50 marchas en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona.

“Hay mucha rabia en las calles”, declaró un portavoz del sindicato de inquilinos de Valencia, ciudad donde se produjeron enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía.

Según las fotografías, los choques ocurrieron el sábado en la ciudad costera, cerca del centro de artes Palau de les ArtsReina Sofía, sede de una cumbre inmobiliaria. De acuerdo con medios españoles, varios manifestantes retiraron las barricadas y lanzaron objetos a los agentes, que respondieron con balas de goma. La cadena pública RTVE indicó que nueve policías resultaron heridos y cinco personas fueron arrestadas.

Una de las mayores concentraciones se registró en Madrid, la capital, donde las estimaciones de asistencia difieren de forma considerable: el sindicato de inquilinos de la ciudad habla de 500.000 participantes, mientras que funcionarios del gobierno la sitúan en 70.000. Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como «No habrá paz para el rentismo» y «Estudio para tener un futuro, no para vivir en un apartamento diminuto». También agitaban las llaves que sostenían y coreaban: «Tenemos las llaves de toda la ciudad». Algunas personas llevan días acampando en la Puerta del Sol, una de las principales plazas madrileñas.

Antes de la protesta, uno de los manifestantes, de nombre David, dijo a RTVE: “No estamos aquí por placer ni comodidad.

Estamos aquí por convicción”.

Otro asistente, Marcos Sainz, bibliotecario de 26 años, relató a la agencia de noticias AFP que antes compartía con amigos un piso de dos habitaciones por el que pagaban 900 euros (766 libras) mensuales de alquiler. Según dijo, hoy un piso de una habitación suele costar 1.000 euros. Sainz afirmó que protestará contra las subidas de los alquileres “hasta que alguien se atreva a regularlo todo”, o “todos tendremos que irnos de Madrid”.

El viernes por la noche, el sindicato de inquilinos de Madrid sostuvo que, aunque las medidas propuestas por el gobierno eran insuficientes, el rechazo de la legislación “agrava la crisis de la vivienda que está costando la vida a la clase trabajadora”. Se está convocando una huelga general por la crisis de la vivienda.

Las medidas habían sido presentadas el viernes por el gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez, tras la indignación pública por el desahucio de una mujer de 87 años, ocurrido el mes pasado, quien no pudo afrontar un fuerte aumento del alquiler.

Ese desalojo desencadenó protestas en toda España, en las que se exigían alquileres más bajos, el fin de los desahucios y la prohibición de que los fondos de inversión, a los que el gobierno ha llamado “fondos buitre”, compren propiedades.

La legislación presentada en el Congreso el viernes se dividía en dos decretos. El primero contemplaba la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencían antes de 2028, aumentos de impuestos para los apartamentos turísticos y una restricción a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados “fondos buitre”. El segundo incluía la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales demandas de muchos integrantes de la izquierda y del Sindicato de Inquilinos.

Los diputados rechazaron el primer decreto por 178 votos contra 172, y el segundo por 184 votos contra 166. Antes de la votación, el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox ya habían anunciado que votarían en contra de ambas iniciativas, lo que dejaba al gobierno minoritario a merced del apoyo de los partidos nacionalistas más pequeños de Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, en vísperas de la sesión parlamentaria, el partido independentista de centroderecha Juntos por Cataluña (JxCat) ya había expresado su oposición a ambas leyes, con lo que quedaban condenadas al fracaso.

La coalición gobernante, integrada por el partido socialista de Sánchez y su socio minoritario, la alianza Sumar, no tiene mayoría en el parlamento. La derrota del viernes en el Congreso alimenta las especulaciones de que Sánchez podría convocar elecciones generales anticipadas, previstas hasta el próximo verano.

El gobierno había elaborado los decretos ley de manera apresurada para intentar apaciguar las protestas por la vivienda que estallaron cuando Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada en septiembre. La reacción social llevó a Urbagestión, la empresa propietaria de su piso, a negociar su regreso con un alquiler reducido. Aun así, las protestas han continuado.

En cuanto a las cifras del sector, el Banco de España estima que el país tiene un déficit de 700.000 viviendas, calculado a partir de la diferencia entre la demanda y la construcción de nuevas viviendas. Los precios de la vivienda aumentaron 12,2% en el último año, según las cifras del segundo trimestre de 2026 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la escasez de viviendas de alquiler hizo que los costos subieran 8,5% en 2025, de acuerdo con la inmobiliaria Idealista, y solo en Madrid los alquileres crecieron 9,7%. Según el informe, Barcelona y Madrid son las ciudades más caras de España para alquilar una vivienda, con 23,80 euros por metro cuadrado y 22,70 euros por metro cuadrado, respectivamente.