Estados Unidos amplió su lista de organizaciones criminales designadas como terroristas extranjeras al incluir a 21 grupos de América Latina y el Caribe, de los cuales ocho cuentan con presencia u operaciones en México, de acuerdo con información difundida este viernes 11 de septiembre de 2026.
Con esta actualización, México se coloca como el país latinoamericano con mayor número de organizaciones incluidas en la clasificación utilizada por el gobierno del presidente Donald Trump como parte de su estrategia contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Entre los grupos señalados con operaciones en territorio mexicano se encuentran:
Cártel de Sinaloa
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Cártel del Golfo
Cártel del Noreste
Cártel de Juárez
Nueva Familia Michoacana
Cárteles Unidos
Los Viagras
Washington amplía el alcance de la designación
La incorporación de organizaciones criminales latinoamericanas a esta categoría comenzó en febrero de 2025 y representa un cambio en el uso de la figura de Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).
Históricamente, esta clasificación se aplicaba principalmente a grupos como Al Qaeda o Estado Islámico; sin embargo, la administración estadounidense extendió su aplicación a organizaciones vinculadas con actividades como narcotráfico, extorsión, tráfico de personas y otras economías ilegales.
La ampliación de la lista ocurrió en el marco de una gira del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú.
Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los principales objetivos
Dentro de la estrategia de Washington, el Cártel de Sinaloa y el CJNG son considerados dos de los principales objetivos debido a su capacidad operativa y presencia internacional.
Sobre el Cártel de Sinaloa, autoridades estadounidenses han señalado la fragmentación interna que siguió a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, mientras que al CJNG se le atribuyen enfrentamientos con autoridades y grupos rivales, además del uso de drones con explosivos, minas artesanales y armamento de alto poder.
La designación realizada por Estados Unidos tiene efectos dentro de su marco legal, pero no modifica automáticamente la clasificación jurídica que las autoridades mexicanas otorgan a estos grupos dentro del país.
La medida podría permitir a Washington aplicar mayores restricciones financieras, perseguir apoyos materiales a estos grupos y fortalecer acciones internacionales contra sus redes.
