Entre las acciones informadas se encuentran una mediación con un despacho jurídico, la revisión y avalúo de propiedades, la integración de expedientes y la posibilidad de realizar un primer pago con recursos derivados de bienes vinculados al caso.

José Luis Pérez Bello, representante de uno de los grupos de defraudados y del Grupo de Afectados Zona Dorada, explicó que las víctimas fueron convocadas a una reunión el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en el Monumento a Juárez, ubicado en la zona de Jardines de San Manuel, Puebla.

El objetivo del encuentro es actualizar los expedientes de las personas afectadas, revisar la documentación que acredite sus inversiones e identificar cuánto dinero corresponde reclamar a cada una.

Terreno de 95 hectáreas podría generar recursos para un primer pago

Uno de los acuerdos está relacionado con un terreno de 95 hectáreas. Una de las informaciones proporcionadas ubica el predio en Acalpan y señala que, según la denuncia de los afectados, se pretendía establecer un valor de 30 pesos por metro cuadrado.

Otra de las notas identifica el terreno en Calpan y señala que fue valuado en 55 millones 911 mil pesos, cantidad cuyo aprovechamiento podría generar recursos para efectuar un primer pago durante 2026.

También se informó que se contempla gestionar un primer desembolso de 55 millones de pesos, atribuido a los hermanos Tiro Moranchel, con la finalidad de comenzar a resarcir el daño económico.

De acuerdo con Pérez Bello, el avalúo del terreno de Calpan y la documentación relacionada con el primer pago quedaron registrados ante el Juzgado Cuarto de Distrito.

El representante señaló que el acuerdo se alcanzó mediante una mediación con el despacho jurídico de Leonardo, Edmundo e Iris Tiro Moranchel.

También mencionó la existencia de un amparo relacionado con una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de las acciones emprendidas por las víctimas.

Pagos serían entregados directamente a los afectados

El esquema planteado contempla que cada víctima reciba directamente la cantidad que le sea reconocida. Después de recibir el pago correspondiente, la persona beneficiaria firmaría el perdón respectivo.

Sin embargo, todavía no existe una fecha precisa para la entrega de los recursos ni se ha informado cuánto correspondería a cada afectado.También permanece pendiente definir el mecanismo mediante el cual el valor del terreno se convertiría en recursos disponibles para las devoluciones.

Los afectados deberán presentar sus contratos y documentos oficiales para comprobar cuánto dinero entregaron a Sitma o Invergroup.

Pérez Bello solicitó a los distintos grupos elaborar listas con los nombres de los afectados, las cantidades reclamadas y sus números telefónicos.

Estos datos servirán para actualizar los expedientes y localizar a personas con las que se perdió comunicación desde que comenzaron los procesos penales en 2009.

El procedimiento anunciado está dirigido únicamente a personas defraudadas en Puebla y, por ahora, no contempla a víctimas de Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Estado de México ni otras entidades.

Fraudes afectaron a 8 mil 950 personas

Las cifras presentadas señalan que 8 mil 950 personas resultaron afectadas por las operaciones de Sitma e Invergroup. De ellas, 6 mil 250 corresponden a Sitma y 2 mil 700 a Invergroup.

Una de las informaciones señala que las operaciones atribuidas a los hermanos Tiro Moranchel ocasionaron pérdidas por 50 millones 82 mil 291 pesos. En otro desglose presentado por el Grupo de Afectados Zona Dorada, las pérdidas atribuidas a Sitma se estiman en 950 millones de pesos, mientras que las de Invergroup ascienden a 325 millones de pesos.

De acuerdo con este último cálculo, los recursos reclamados suman mil 275 millones de pesos, distribuidos en 52 procesos penales iniciados desde 2009.

Frente a esa cantidad, los 55.9 millones de pesos considerados para un primer pago representarían sólo una parte de los recursos que las víctimas buscan recuperar.

Empresas ofrecían rendimientos de hasta 30 por ciento anual

El esquema de Sitma e Invergroup consistía en captar dinero de inversionistas bajo la promesa de ofrecer rendimientos superiores a los de las instituciones bancarias, que llegaban hasta 30 por ciento anual.

Las operaciones se realizaban mediante pagarés, cheques, pagos en efectivo y contratos de promesa de compraventa. Posteriormente, las empresas se declararon en bancarrota y dejaron de regresar tanto el capital como los intereses de sus inversionistas.

Con el paso de los años, algunas víctimas dejaron de acudir a los juzgados o de participar en las movilizaciones relacionadas con el caso.

Los representantes afirmaron que mantienen la intención de buscar mecanismos para que los afectados recuperen hasta el 100 por ciento de sus recursos, mediante propiedades y los procedimientos legales correspondientes.

Señalan otros bienes que podrían utilizarse para recuperar recursos

Además del terreno de 95 hectáreas, los representantes denunciaron presuntas irregularidades en el manejo y recuperación de otros bienes relacionados con el caso.

Entre ellos mencionaron terrenos en Rosarito, Baja California, así como un corporativo ubicado en la calle 9 Sur, en Puebla, que, de acuerdo con Pérez Bello, tenía un valor estimado de nueve millones de pesos, pero fue rematado en cuatro millones.

También se encuentran entre los bienes que podrían utilizarse para obtener recursos propiedades en Atlixco, vehículos y una avioneta resguardada en un hangar de Huejotzingo.

Por ahora, cualquier devolución permanece condicionada a que las víctimas acrediten sus reclamaciones, se revisen los bienes y la documentación y se concrete el mecanismo legal para efectuar los pagos.