La iniciativa, promovida por el gobernador Alejandro Armenta Mier, establece un nuevo esquema financiero, jurídico y operativo mediante el cual los derechohabientes podrán acceder a créditos con plazos de pago de hasta 30 años.

El proyecto contempla que los recursos puedan utilizarse para adquirir una vivienda o terreno, así como para construir, ampliar, reparar, mejorar o conservar una propiedad.

También se prevé el financiamiento para la autoproducción de vivienda y para liquidar deudas relacionadas con créditos habitacionales.

Fondo se integrará con aportaciones de trabajadores e instituciones

Para conformar el fondo destinado a vivienda, se plantea una aportación equivalente al 0.50% del salario de las personas trabajadoras, además de una contribución del mismo porcentaje por parte de las instituciones públicas.

La reforma también ajusta a 2% el porcentaje destinado a préstamos de corto y mediano plazo.

Al fondo se incorporarán además rendimientos financieros, recuperación de créditos otorgados y recursos que el Instituto tiene registrados por financiamientos de largo plazo e hipotecarios.

El ISSSTEP podrá participar también en el desarrollo de infraestructura y equipamiento para proyectos de vivienda, así como constituir fideicomisos de inversión, administración y garantía.

Además, podrá celebrar convenios con instituciones públicas, privadas y organismos especializados para operar los nuevos mecanismos financieros.

Primera etapa dará prioridad a cuerpos de seguridad y emergencia

La implementación será gradual.

En una primera etapa se dará prioridad a trabajadores de seguridad pública, Protección Civil, cuerpos de bomberos y Guardia Forestal.

La reforma señala que esta prioridad no excluirá al resto de los derechohabientes de acceder posteriormente a los financiamientos.

Según la propuesta, los mecanismos operarán exclusivamente con recursos propios del ISSSTEP destinados a vivienda, sin comprometer fondos para pensiones, servicios médicos o reservas actuariales.

El presidente de la Comisión, José Luis Figueroa, señaló que la reforma podría beneficiar a 160 mil personas, entre trabajadores y sus familias.