Tras la recepción de la solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, que presentaron integrantes del Cabildo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, señaló que en el análisis se aplicará un criterio exclusivamente jurídico y con total apego a los procedimientos establecidos en la Ley.

En rueda de prensa, el diputado estuvo acompañado por el director de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso, Jesús Juárez Lezama, quien detalló que no hay plazos establecidos en la Ley para una resolución.

Asimismo, aclaró que el tema de revocación de mandato no depende únicamente del Congreso, sino también de autoridades judiciales y fiscalizadoras, si fuera el caso, ya que procede ante causas graves y casos extremos, que se precisan en el marco normativo. Además, se dejó en claro que la simple solicitud no actualiza la procedencia y debe realizarse el análisis.

En este sentido, Pável Garpar detalló que la solicitud fue recibida por Secretaría General e informó a la presidencia de la Mesa Directiva y al área jurídica, por lo que este punto será turnado a Comisiones en la sesión ordinaria del 25 de junio, para su estudio y resolución. De esta forma, el órgano colegiado se encargará de recibir las pruebas y solicitará lo que considere necesario para dictaminar si existen o no las causas que la Ley establece.

“Si tras la revisión jurídica se determina que no hay pruebas suficientes, se notificará a los promoventes para que aporten nuevos elementos. Por el contrario, si se determina que las pruebas son suficientes, se inicia el procedimiento formal y convocará al funcionario señalado a una audiencia, donde el implicado tiene el derecho constitucional de manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas de descargo. Las causales están descritas y determinadas de manera precisa en la Ley Orgánica Municipal”, detalló.

Gaspar Ramírez indicó que la Ley establece la ruta legal y corresponde al Poder Legislativo desahogar el procedimiento con estricto rigor jurídico, pues el objetivo común es el bienestar, la estabilidad y la paz de quienes habitan en Acatlán de Osorio, por ello, el Congreso actuará con rectitud y apego a la legalidad.