Martha Berra
El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla determinó ayer la suspensión temporal de dos secretarios de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil y Penal de Cholula, tras detectar presuntas irregularidades vinculadas al intento de modificar la medida cautelar del feminicida de Karla López Albert, Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión.
De acuerdo con el reporte de Periódico Central, la medida cautelar contra los dos funcionarios responde a las pesquisas derivadas del escándalo que estalló luego de que se revelara que el juez titular del juzgado, Enrique Romero Razo, solicitó una licencia sin goce de sueldo del 11 al 14 de mayo pasado, justo en las fechas en que estaba programada la audiencia de revisión de medidas cautelares de Forcelledo, dejando como encargada de despacho a una abogada penal que autorizó el cambio de medida cautelar para sacarlo del penal de San Miguel.
La audiencia, además, se realizó sin el sistema obligatorio de grabación de audio y video, lo que profundizó la indignación social y jurídica. La intervención oportuna del Consejo de la Judicatura logró revocar la medida e impedir la salida del penal de Forcelledo, quien purga condena por feminicidio, aborto y violación equiparada.
Karla López Albert, de 31 años y con cinco meses de embarazo, fue vista con vida por última vez el 30 de enero de 2014, cuando acudió a una cita con Forcelledo Nader, su pareja sentimental, en el salón de fiestas “Katz”, propiedad de la familia de éste, en San Pedro Cholula. De acuerdo con la investigación ministerial, la joven fue golpeada hasta perder el conocimiento y posteriormente estrangulada con un lazo de rafia; su cuerpo fue trasladado en su propio vehículo hasta la Ciudad de México, donde fue localizado el 7 de febrero de 2014.
Fue hasta el 13 de mayo de 2021 cuando el mismo juez Enrique Romero Razo condenó a Forcelledo Nader a 76 años de prisión (reducidos a 70 por el tope que marca el Código Penal estatal) por los delitos de feminicidio, aborto y violación equiparada, además de una reparación del daño cercana a 500 mil pesos. En ese lapso, la defensa del acusado promovió múltiples amparos para evitar su traslado de penal. Sus dos presuntos cómplices, Rodrigo Augusto Solís Cano y Moisés Cordero Hernández, permanecen sin sentencia hasta la fecha.
Romero Razo acumula más de tres décadas dentro del Poder Judicial poblano, con antecedentes de conflictos legales y al menos un periodo de destitución determinado en su momento por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Además, medios locales han documentado el parentesco de Forcelledo Nader con Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, hoy prófugo y acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, así como con Ricardo Forcelledo Cabrera, señalado en un caso distinto por violencia familiar.
En su comunicado, el Poder Judicial señaló que la separación temporal de los dos secretarios busca garantizar el desarrollo de la investigación administrativa, preservar la integridad de los expedientes y asegurar que las diligencias se realicen con objetividad. El procedimiento sigue su curso bajo el principio de presunción de inocencia, mientras la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control mantienen abierta una indagatoria de oficio por el intento de excarcelación.
